La clínica San Rafael, en Cádiz, ha retirado a una decena de empleadas su plus de productividad por no acudir al trabajo con una falda corta del uniforme. Las mujeres han sustituido el traje estipulado, que deja casi al descubierto las piernas y se complementa con un delantal ceñido, por los pantalones de pijama que llevan sus compañeros y también las empleadas que no trabajan de cara al público. Son 30 euros mensuales que dejan de ingresar.

Pero su queja, más que económica, va contra un código de vestuario que, denuncian, contraviene la Ley de Igualdad: "Nos sentimos como objetos decorativos. A la hora de trabajar no tenemos libertad de movimientos, no podemos agacharnos para atender a los pacientes que están encamados. Tenemos que exponer nuestro cuerpo para hacer nuestro trabajo", explica Adela Sastre, presidenta del comité de empresa. Las empleadas cuestionan también que como castigo se les retire un plus salarial cuyo concepto nada tiene que ver con el vestuario.

El gerente de la clínica, perteneciente a la cadena sanitaria Pascual, ha desafiado a las trabajadores a que lleven el caso ante los tribunales. José Manuel Pascual considera justa la medida porque es consecuencia del incumplimiento reiterado de la normativa de vestuario. Una norma, recuerda, "que es sólo potestad de la empresa". El mismo código de indumentaria se aplica también en el resto de centros de la cadena, aunque en ellos no se han dado casos de incumplimientos.

La Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz ha informado de que envió a la empresa Pascual un requerimiento para que informe sobre este asunto. Según fuentes de la Delegación de Salud, la Junta envió el requerimiento el mismo día en que tuvieron conocimiento de las quejas del comité (el pasado miércoles)